El abogado de la pastora Rossy Guzmán, apresada mediante la Operación Coral, consideró este viernes que “para lavar dinero es necesario que el dinero esté sucio”. En tal sentido, afirma que todo el dinero manejado por la pastora está bancarizado y que existen pruebas, y factura que lo demuestran.

Héctor López Rodríguez dijo que si “existen todos los documentos de lo que ella ha hecho en su vida comercial, no puede haber lavado de activos”.

“Para lavar dinero es necesario que el dinero esté sucio, pero si el dinero está bancarizado y si existen todas las pruebas, todas las facturas, todos los documentos de lo que ella ha hecho en su vida comercial, no puede haber lavado de activos”, expresó el abogado.

López Rodríguez aseguró que demostrará que todos los fondos manejados por la pastora tienen un origen lícito.

“Es lo que se va a demostrar, no con afirmaciones, no con aseveraciones, no haciendo un relato, sino con estas dos cajas de documentos que tenemos aquí, es que nosotros vamos a probar que la pastora Rossy Guzmán no ha lavado dinero”, adelantó.

La pastora para su casa

Sobre la solicitud de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, López Rodríguez entiende que esta es una excepción, según las normas. Entiende que la justicia debe seguir su curso, que se debe seguir la investigación del Ministerio Público, pero que para eso no es necesario que su defendida esté en prisión.

“Las medidas de coerción son una excepción cuando tienen que tienen que ver con la privación de libertad. Indiscutiblemente es que, cuando usted es inocente, uno lo que espera es que la justicia siga su curso, que sigan las investigaciones, pero que usted pueda estar en su casa. Porque qué pasa cuando queda demostrado que usted no tuvo ninguna participación en los hechos que se le imputan, usted está durante seis meses o durante un año en prisión”, expresó el abogado.

Acusación

El Ministerio Público asegura que la pastora Rossy Guzmán es parte de una estructura de corrupción creada por el mayor general Adán Cáceres.

En su expediente, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) establece que Adán Cáceres instrumentó un entramado de criminalidad organizada compuesto por un esquema societario, y con la participación de miembros vinculados a cuerpos castrenses y civiles para colocar, estratificar y reintegrar al sistema financiero nacional dinero defraudado del Estado, dando apariencia de legalidad a los activos generados.

En el caso están imputados además de la pastora Rossy y el mayor general Adán Cáceres, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep); el coronel Rafael Núñez de Aza, el teniente coronel Raúl Alejandro Girón, el cabo policial Tanner Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y el mayor de la Armada Alejandro José Montero Cruz.