La Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) presentaron el miércoles 17 de junio, en Montevideo, el Plan Indicativo Regional de Interconexión Eléctrica con horizonte al año 2040. La iniciativa —impulsada junto con la Unión Europea a través del programa Euroclima y con la implementación de GIZ— propone una visión de largo plazo que define los corredores eléctricos claves para el futuro energético de la región.
El programa, compuesto por 16 proyectos de infraestructura de interconexiones eléctricas, requiere una inversión inicial de 3,500 millones de dólares al 2040, una cifra que los informes técnicos califican como altamente rentable debido a que se amortizaría entre 2 y 6 años (payback).
La meta hacia 2040 es alcanzar una interconexión óptima de 5.000 MW que reduzca drásticamente las emisiones de CO2 y el gasto en combustibles fósiles.
La relación beneficio-costo de las inversiones del Plan es, en promedio, de 10 a 1 con un beneficio económico neto entre USD 1,000 y USD 5,000 millones por año, este último considerando un escenario de alta electrificación en la región. Dichos beneficios se manifiestan gracias al intercambio seguro y barato de energía limpia entre países vecinos.
La VIII Reunión Ministerial de Energía de la Celac se realizó el jueves 18 de junio con la participación de organismos financieros y socios de cooperación, con un objetivo central de debatir sobre los desafíos de la convergencia regulatoria en el sector energético en un contexto marcado por la variabilidad climática y la expansión de las energías renovables.
El secretario ejecutivo de Olacde, Andrés Rebolledo, destacó la importancia de iniciar un proceso orientado al diálogo y negociación de un Tratado de Integración Energética para América Latina y el Caribe, un instrumento jurídico que actualmente no existe en la región y cuya creación es hoy más urgente y necesaria que nunca, para fortalecer la seguridad energética, la cooperación regional y la transición sostenible.
La cita ministerial fue un espacio estratégico para sentar las bases de un proceso de diálogo político. La meta final de los países miembros es avanzar hacia la construcción de un futuro tratado de integración energética para América Latina y el Caribe, un marco vinculante que consolidará el intercambio de recursos, unificará normativas y garantizará la seguridad energética de la región frente a los desafíos del siglo XXI.
