El pasado 20 de septiembre de 2021, la República Dominicana obtuvo una decisión favorable ante la demanda interpuesta en su contra por la empresa de origen español Recalvi S.L., por supuesto incumplimiento de contrato por parte de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).
La demanda fue interpuesta en el marco del Tratado Bilateral de Inversión suscrito entre el Reino de España y la República Dominicana, el cual contempla la constitución de un Tribunal Arbitral como método para instruir y decidir las controversias que puedan surgir entre los inversionistas y los países signatarios.
En el marco del referido caso, el Tribunal Arbitral emitió un laudo definitivo que condenó a Recalvi, S.L. al pago de USD 789,633.70 en favor de la República Dominicana, con lo cual la empresa deberá reintegrar todos los gastos del procedimiento, incluyendo los incurridos por la República Dominicana para su defensa y los honorarios de los árbitros. La decisión del tribunal puso fin al procedimiento arbitral, acogiendo todas las objeciones presentadas por la defensa del Estado dominicano y señalando un abuso de procedimiento por parte de la sociedad Recalvi, S.L, una decisión ejemplar que servirá al Estado para disuadir reclamos similares en el futuro.
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Viceministerio de Comercio Exterior, estuvo a cargo de la coordinación de la defensa del Estado, como autoridad designada para estos temas en virtud de la Ley 37-17, que reorganiza el MICM y demás normativas complementarias.
El ministro Víctor Bisonó reafirmó el compromiso del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de continuar velando por la defensa del país ante los procesos de solución de controversias comerciales y de inversión, con decisiva autoridad y empoderamiento, incluyendo aquellas reclamaciones consideradas frívolas.
El equipo encargado de coordinar la defensa de la República Dominicana estuvo liderado por Leidylin Contreras de Fernández (directora de Prevención y Solución de Controversias), Yeli Martínez (encargada del Departamento de Defensa Legal Internacional), Francisco Cordero (director Jurídico de la OMSA) e integrado por Noelia Rivera y Sara Patnella de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y miembros de la Procuraduría General de la República. También participaron en dicha coordinación Anaibel Figueroa, Mary Díaz, Ninoska Coiscou, Escipion Oliveira, analistas de la Dirección de Prevención y Solución de Controversias del viceministerio.
La firma de abogados Linklaters LLP asistió al Estado dominicano, representada por los socios Christian Adrián Albanesi, Borja Fernández de Troncóniz Robles y los abogados Marta De Cara y Javier García-Bermejo.
